Anatel aprueba la migración de la concesión de Claro y concluye los procedimientos para las nuevas licitaciones del STFC.
El Acuerdo de Conciliación resuelve disputas históricas y asegura US$ 438 millones en inversiones en conectividad e infraestructura digital
El Consejo de Administración de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó por unanimidad el Acuerdo de Conciliación que formaliza la adaptación de los contratos de concesión del Servicio Telefónico Fijo Conmutado de Larga Distancia Nacional e Internacional (STFC) de Claro S.A. al régimen de autorización. El acuerdo, mediado por la Cámara Federal de Mediación y Conciliación de la Administración Pública (CCAF) de la Procuraduría General de la República (AGU), resuelve disputas históricas entre el operador y el gobierno y representa un hito en la transición del modelo de concesión pública a un régimen contractual más flexible, moderno y eficiente.
El proceso fue informado a Anatel por el consejero Alexandre Freire, también relator del Acuerdo de Conciliación de Oi, y ha adoptado un enfoque consensuado en la aplicación de sanciones obligatorias en los procesos sancionatorios de la Agencia.
Terminación de la Concesión y Nuevo Régimen Contractual
Con la firma del Acuerdo, se firmará el Contrato Único de Autorización, instrumento que dará por terminados los contratos de concesión vigentes y consolidará, bajo un solo título, todas las autorizaciones de servicios de telecomunicaciones del grupo Claro.
Con este cambio, Claro dejará de operar bajo las obligaciones típicas del régimen de concesión pública —como el cumplimiento de las metas de universalización establecidas en el Plan General de Metas de Universalización (PGMU)— y pasará a operar bajo un modelo contractual moderno, basado en compromisos de inversión en infraestructura digital y mantenimiento de servicios en localidades y tramos de carreteras sin otras alternativas de conectividad.
Obligaciones de Inversión y Mantenimiento
El acuerdo implicará inversiones por US$ 438 millones, íntegramente destinadas a mejoras y ampliaciones de la red, así como al mantenimiento de servicios esenciales. Claro se compromete a:
I. Llevar fibra óptica a 44 ciudades y distritos que aún no cuentan con este tipo de conexión;
II. Ampliar la señal 4G (o superior) en 126 localidades y en 205 tramos de carreteras federales;
III. Crear seis rutas alternativas de tráfico de datos, incluyendo la instalación de un cable óptico bajo el río Solimões, conectando puntos ubicados en la ciudad de Manaus (AM), con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir las interrupciones del servicio en zonas vulnerables; y
IV. Mantener teléfonos públicos o puntos de acceso a comunicaciones gratuitas en más de 1700 localidades para 2028.
Los proyectos serán supervisados directamente por Anatel y estarán cubiertos por garantías escalonadas, válidas hasta 2037, lo que garantiza la plena implementación de los objetivos acordados.
Resolución de Disputas y Seguridad Jurídica
El Acuerdo de Transacción también prevé la terminación de los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la ejecución de concesiones de larga distancia, con la renuncia recíproca a nuevas demandas entre Anatel y Claro. La medida elimina las controversias históricas sobre valores y activos reversibles, poniendo fin a arbitrajes y disputas judiciales por un total de cientos de millones de reales. Según el relator del caso, el concejal Alexandre Freire, el acuerdo representa "la concreción del principio de administración dialógica, mediante el cual el interés público se logra mediante soluciones cooperativas y legalmente controlables". Añadió que la solución "convierte los flujos litigiosos y de baja recuperabilidad en inversiones productivas, transformando las obligaciones pasadas en valor público y conectividad social".
Cierre de los procesos de licitación
Con la consolidación de las adaptaciones de las principales concesionarias —Claro, Oi y Telefónica/Vivo—, el Consejo de Administración reconoció que los procesos de licitación para nuevas concesiones del STFC han perdido su propósito, ya que el servicio se encuentra en declive tecnológico y económico. Realizar un nuevo proceso de licitación sería incompatible con los principios de eficiencia y rentabilidad, y Anatel debería concentrar sus esfuerzos en la ejecución y el seguimiento de los compromisos asumidos.
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10.10.25 21:33
